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Una Ley de Aguas en Guatemala, ¿es posible?

Una Ley de Aguas en Guatemala, ¿es posible?

POR REGINA PÉREZ
rperez@lahora.com.gt

¿Qué tienen en común el río La Pasión, tristemente célebre por la muerte de toneladas de peces ocurrido en 2015, y el río Las Vacas, conocido por las aguas negras que transporta? que su contaminación podría reducirse en los próximos 10 años si el país implementara una Ley de Aguas para reducir los niveles de polución en sus afluentes, según expertos en el tema.

De acuerdo con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN), al menos el 40% de los recursos hídricos del país presenta algún grado de contaminación, por lo cual destacó recientemente la necesidad de aprobar una ley en esa materia. Sin embargo, el tema nunca ha avanzado en el Congreso por diversas razones, pese a que el país ha intentado aprobar una legislación durante los últimos 50 años.

La última vez que se discutió una propuesta al respecto fue en 2008, cuando la “Ley para el Aprovechamiento y Manejo Sostenible de los Recursos Hídricos”, la iniciativa 3702, recibió dictamen favorable en el Congreso.

Con tragedias como la contaminación del río La Pasión en Petén, en la que murieron miles de peces y decenas de familias se quedaron sin su sustento diario, se hizo cada vez más evidente la necesidad de aprobar una legislación en la materia. En ese entonces, el representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) en Guatemala, Alberto Brunori, pidió al Congreso la aprobación de una normativa para regular el uso de los afluentes hídricos en el país.

En los últimos meses, el ingeniero guatemalteco Abraham Barrios se dedicó a revisar y desarrollar la iniciativa 3702. El proyecto de ley, que aún se encuentra en borrador y no ha sido presentado nuevamente, propone la creación de la figura legal de las Autoridades de Cuenca, que serían las encargadas de ejecutar una política de Estado para administrar los recursos hídricos.

El ingeniero considera que el avance de la iniciativa requiere especialmente de voluntad política por parte de diversos actores de la sociedad guatemalteca, lo que hasta ahora no se ha demostrado.

A decir de Barrios, hay sectores que consideran que no les conviene una ley en esa materia. Pero a su modo de ver, esta legislación “traería orden, estándares, certeza jurídica” y otros beneficios, incluso económicos, para todos.

Representantes de varios sectores consultados por La Hora manifestaron que estarían dispuestos a la discusión de una ley sobre aguas.

LA AUTORIDAD DE CUENCA, FIGURA CLAVE

La iniciativa 3702 divide al país en doce regiones hidrográficas, que son áreas territoriales conformadas en función de sus características morfológicas, orográficas e hidrológicas. Normalmente una región hidrográfica está integrada por dos o varias cuencas hidrográficas.

El proyecto plantea que cada región tendrá una Autoridad de Cuenca, que se encargará de cumplir y hacer que se cumpla la ley y toda la legislación ambiental.

Barrios señaló que la Autoridad de Cuenca sería la figura clave de la normativa, ya que todo gira alrededor de la misma, sería la unidad ejecutora de toda la legislación ambiental, los ojos y oídos de la ley en cada jurisdicción.

La Ley crearía la figura legal de las Autoridades de Cuenca, que son “entidades semiautónomas con la capacidad técnico administrativa para cumplir y hacer cumplir la legislación ambiental dentro de una cuenca o región hidrográfica”, que en total serían 12, una por cada región hidrográfica.

Según la iniciativa, cada Autoridad de Cuenca será el ente técnico-científico de apoyo al Consejo Nacional de Aguas sobre temas relacionados a los recursos hídricos dentro de su jurisdicción.

Barrios concibió que la figura legal esté conformada por personal técnico, expertos en cada rama técnica de la Autoridad de Cuenca, desde biólogos, agrónomos, arquitectos e ingenieros.

Las Autoridades de Cuenca tendrían varias funciones, entre estas: hacer informes periódicos sobre el estado de los recursos hídricos, evaluar permisos y licencias para el aprovechamiento del recurso hídrico dentro de su jurisdicción.

El ingeniero manifestó que la oposición de algunos sectores como el de los 48 cantones de Totonicapán a propuestas anteriores fue uno de los elementos que tomó en cuenta para desarrollar el proyecto de ley 3702, que es el producto de muchas discusiones de varios grupos en el pasado, por lo que no se partió de cero en su reelaboración.

“Uno de los cambios importantes que le hice al texto fue redefinir la regulación de las Autoridades de Cuenca y cómo se integran, teniendo en cuenta la oposición de los 48 cantones y comunidades como ellos, que tienen razones muy justificadas para no confiar”, indicó.

A decir del ingeniero, la Autoridad de Cuenca es plenamente compatible con el tipo de gestión ambiental que han hecho grupos como 48 cantones y otras mancomunidades. La idea es que cada cuenca va a hacer su propia jurisdicción y que esté integrada por las comunidades, las que tendrían poder de veto, expresó.

No es nada parecido a lo que se ha presentado antes y con ese reto hice la propuesta, agregó.

CON DISPONIBILIDAD PARA LA DISCUSIÓN

Representantes de varios sectores fueron consultados sobre si apoyarían una Ley de Aguas en el país. El actual vicepresidente de la Asociación Guatemalteca de Exportadores (Agexport), Antonio Malouf, manifestó que están dispuestos a participar en una eventual discusión sobre una iniciativa en esta materia, tomando en cuenta que son temas de beneficio para todos.

“Creo que es necesario que todos los sectores se involucren cuando una ley que beneficia a todos los pobladores del país está en discusión, para que esto sea una mejor legislación”, manifestó Malouf.

Carla Caballeros, directora ejecutiva de la Cámara del Agro, manifestó que contar con un instrumento de gestión hídrica está en las prioridades de esa entidad y que quieren que se impulse en el Legislativo, aunque no necesariamente se trate de la iniciativa 3702, que no conoce.

“Tenemos una posición clara de que es necesario contar con una iniciativa de gestión de aguas, creemos que se debe contar con una iniciativa construida de manera técnica y que responda a elementos y factores técnicos”, anotó Caballeros.

Oscar Núñez, director de la organización ambientalista Defensores de la Naturaleza, manifestó que en el pasado presentaron una iniciativa de ley sobre el tema que incluso recibió el visto bueno del sector privado industrial pero que por una mala comunicación fue rechazada por los 48 cantones de Totonicapán.

Sin embargo, agregó que la organización está dispuesta a volver a discutir el tema “en un 100 por ciento” si es presentada nuevamente. Núñez considera que el país necesita una institucionalidad del agua porque las autorizaciones y permisos del agua están en distintas instituciones del país, lo que genera una duplicidad en su adjudicación.

Rolando Vásquez, presidente de los 48 cantones de Totonicapán, confirmó que dicho sector se opuso a una ley sobre el tema en años anteriores debido al recelo que tenían las autoridades indígenas por un posible “impuesto” al agua.

“Como pueblo velamos por los bienes de Totonicapán, como los recursos hídricos, dijo Vásquez. El dirigente indicó que de haber una nueva iniciativa de ley están de acuerdo en analizarla y discutirla. “Si nos afecta, podemos favorecerla”, manifestó.

Queremos darle un estudio minucioso (a la iniciativa) para saber si nos favorece o nos perjudica, agregó Vásquez, a quien se le envió un borrador del proyecto.

LLEVAR LO LOCAL A LO NACIONAL

Núñez, de Defensores de la Naturaleza considera que lo difícil es la manera de socializar y “vender” la iniciativa, que tendría que ser una ley marco muy general, que comience dando derecho a quienes ya hacen uso del agua, así como medios para registrarla, documentarla y hacer un pago sobre este recurso, que es el principio para invertir en las cuencas hidrográficas en las zonas de recarga hídrica.

Otro tema que destacó el ambientalista es la importancia de tomar en cuenta los acuerdos locales y cuencas. “La institución nueva debería impulsar mecanismos locales de administración y manejo del agua, como lo hicimos en la cuenca del río San Jerónimo, donde se aprobó un reglamento sobre el uso del agua”, dijo.

Si logramos reproducir ese comité de cuenca de San Jerónimo en otras partes del país, como lo estamos haciendo en Teculután, Río Hondo, lo que haría la ley marco es ratificar esos acuerdos, añadió.

La clave para Núñez es “sentar” en la misma mesa a los diferentes grupos de la sociedad, desde el industrial hasta las comunidades. Si se pone un acuerdo a nivel local ya no le va a generar revuelo a nivel nacional. Por ejemplo en los 48 cantones tienen su propia regulación local y ancestral, lo único que tiene que hacer la ley marco es respetar eso, no diciéndoles que se va a privatizar el recurso, puntualizó.

EL PACTO AMBIENTAL, UNA OPORTUNIDAD

Juan Carlos Carrera, actual viceministro del MARN, quien recientemente hizo un llamado para aprobar una legislación que regule los recursos hídricos, recordó que el mandato para crear una Ley de Aguas está contenido en la Constitución Política de la República.

Según Carrera, la iniciativa 3702 se discutió en el pasado de forma amplia y el Ministerio la promovió y participó en mesas de discusión, pero desafortunadamente no fue aprobada.

Por otro lado, el funcionario consideró que el Pacto Ambiental, una iniciativa de carácter político que gira sobre seis ejes, entre ellos el agua, podría servir para dejar una agenda con compromisos concretos para la próxima administración.

El Pacto Ambiental, un espacio de discusión implementado luego de que Andreas Lenhoff asumiera como titular del MARN, reúne a varios sectores de la sociedad civil, incluyendo grupos como los 48 cantones de Totonicapán y Agexport.

“Lo considero como una oportunidad para marcar una ruta, ya que el agua es un eje fundamental y por ahí veo una ventana de oportunidad para empujar la agenda sobre ese tema”, indicó.

Carrera reconoció que muchos sectores consideran difícil la aprobación de una Ley en esa materia, pero señaló que la necesidad de normar los recursos hídricos es clara porque el recurso está cada vez más en peligro.

Beneficios

Algunos beneficios de aprobar una Ley de aguas *

1. Ley de rango constitucional garantizaría la protección transgeneracional de las cuencas y recursos naturales.
2. Proveería el andamiaje técnico-jurídico para la protección, gestión y manejo de los recursos hídricos.
3. Proveería un marco de referencia para toda legislación ambiental y política de estado relacionada al ambiente.
4. Proveería la línea base necesaria para diseñar políticas de mitigación del impacto del cambio climático.
5. Proveería las herramientas para completar estudios de zonas de riesgo, ordenamiento territorial, catastros ambientales, inventarios de recursos.

*Según el ingeniero Abraham Barrios

Las 12 regiones hidrográficas

1. Región Hidrográfica del río Motagua
2. Región Hidrográfica del lago de Izabal
3. Región Hidrográfica del río Sarstún
4. Región Hidrográfica del río Usumacinta
5. Región Hidrográfica del río Chixoy
6. Región Hidrográfica del río Nentón
7. Región Hidrográfica del río Suchiate
8. Región Hidrográfica del lago de Atitlán
9. Región Hidrográfica del lago de Amatitlán
10. Región Hidrográfica del río Lempa
11. Región Hidrográfica del Litoral del Atlántico
12. Región Hidrográfica del Litoral del Pacífico

La iniciativa 3702

1. Divide al país en 12 regiones hidrográficas.
2. Identifica, define y registra los recursos hídricos.
3. Regula la gestión, administración y manejo de los recursos hídricos.
4. Regula la calidad del agua para consumo humano.
5. Establece estándares y parámetros para el diseño y construcción de plantas y sistemas de tratamiento de aguas.
6. Establece las bases legales y técnicas para la estandarización de los servicios de agua potable.
7. Regula toda actividad humana que tenga el potencial de impactar negativamente las cuencas.
8. Regula las servidumbres, licencias y permisos asociados al aprovechamiento de los recursos hídricos.
9. Constituye una guía técnica y un recurso valioso para la toma de decisiones a todos los niveles.
10. Propone mejorar la eficiencia gubernamental con la transferencia de entidades de otros ministerios al MARN, como el Insivumeh, el INAB, la Conred, etc y su incorporación al sistema de autoridades de cuencas.
11. Se crearían por lo menos 600 empleos nuevos entre técnicos y profesionales, aprox. 50 personas por cada región hidrográfica.

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